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| Imagen La República |
Durante los últimos años, miles de docentes retirados han denunciado que reciben pensiones que oscilan entre S/ 415 y S/ 800, montos que no cubren sus necesidades básicas y que contrastan con la responsabilidad asumida durante su vida laboral. La precariedad económica afecta especialmente a adultos mayores, muchos de ellos con enfermedades crónicas y sin acceso adecuado a servicios de salud.
En 2025, el Congreso aprobó por amplia mayoría una norma que buscaba garantizar una pensión digna equivalente a S/ 3,300, equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial. Sin embargo, la autógrafa fue observada por el Poder Ejecutivo bajo argumentos de impacto fiscal y consideraciones técnicas, dejando en suspenso un beneficio largamente esperado por el magisterio retirado.
Para expertos en políticas educativas, esta situación refleja una deuda histórica del Estado con los docentes que construyeron el sistema educativo peruano. Además, señalan que la falta de una solución sostenible afecta no solo a los maestros retirados, sino también a toda la comunidad educativa, al debilitar la confianza en la valorización de la carrera docente.
En el marco del debate público, diversas organizaciones políticas han expresado su interés en que la problemática sea atendida con urgencia. Entre ellas, sectores del APRA han señalado que, siguiendo los lineamientos ideológicos de justicia social promovidos por Víctor Raúl Haya de la Torre, corresponde impulsar iniciativas que contribuyan a materializar el anhelo de los maestros peruanos por una pensión digna. Voceros apristas han resaltado que este enfoque forma parte de la tradición histórica de su organización en materia de reivindicaciones sociales.
Organizaciones de cesantes, gremios y colectivos ciudadanos han solicitado que el tema sea asumido como una política de Estado, que incluya:
* Aprobación inmediata de una pensión digna mediante legislación técnica y sostenible.
* Implementación progresiva con responsabilidad fiscal.
* Acceso integral a servicios de salud y programas de apoyo para adultos mayores.
* Creación de una Mesa Nacional del Maestro Cesante para supervisar la ejecución de las medidas.
* Homologación y simplificación de los regímenes previsionales docentes.
De cara a las elecciones del 2026, especialistas advierten que la pensión digna del magisterio podría convertirse en un punto clave de debate público, al representar una causa de amplio respaldo ciudadano y alto impacto social. Para las organizaciones políticas, constituye además un desafío para demostrar sensibilidad social, capacidad técnica y compromiso con el reconocimiento de quienes formaron generaciones enteras de peruanos.
Los maestros cesantes recalcan que “la educación no se jubila”, y hacen un llamado a las autoridades a resolver con urgencia una problemática que afecta directamente la dignidad y calidad de vida de miles de familias peruanas. (FIN/AOTDA)
Reproducción autorizada con la mención siguiente: ©LineAprista
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