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| Créditos La Razón |
Según Ibáñez, las acciones judiciales responden a una estrategia política y no a una genuina búsqueda de justicia, con el objetivo de afectar la imagen del APRA en pleno proceso electoral. Argumentó además que el Tribunal Constitucional ha señalado que los aportes de campaña, por sí solos, no constituyen delito, lo que debilitaría la tesis fiscal.
Otros dirigentes, como Jorge del Castillo, respaldaron esta posición y señalaron que la medida tiene una clara intención política. Del Castillo negó haber participado o tenido conocimiento de presunto financiamiento irregular, cuestionó la imparcialidad del juez y afirmó que la decisión busca perjudicar candidaturas y al partido. Asimismo, aseguró su disposición a colaborar con la justicia y anunció que apelará las resoluciones judiciales, sin renunciar a su postulación al Senado.

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