Un repaso reciente evidencia un patrón recurrente: candidaturas que irrumpen con fuerza mediática impulsadas por altos niveles de intención de voto inicial, pero que luego pierden tracción conforme avanza el proceso electoral. El caso de George Forsyth es ilustrativo: en el proceso electoral de 2021 llegó a liderar encuestas con cifras cercanas al 17% según Ipsos, pero finalmente terminó relegado al octavo lugar en los resultados oficiales. Este desfase entre expectativa y resultado ha sido recurrente en la política peruana.
En el contexto actual de las elecciones generales de 2026, las encuestas muestran un escenario fragmentado y volátil. Por ejemplo, un estudio nacional de Ipsos ubicaba al candidato líder con apenas 12% de intención de voto, seguido por otros competidores con cifras de un solo dígito. Además, cerca del 27% del electorado aún declaraba votar en blanco, viciado o por ninguno, y un 15% permanecía indeciso. Estos datos reflejan un sistema altamente disperso, donde pequeñas variaciones pueden alterar significativamente el orden de preferencias.
A ello se suma un elemento estructural: la existencia de aproximadamente 61 encuestadoras 61 encuestadoras legalmente habilitadas en el Perú (JNE, 2025–2026), cada una con metodologías, tamaños de muestra y financiamiento distintos. Aunque la ley exige transparencia —como la publicación de ficha técnica, margen de error y patrocinio—, la interpretación mediática de los resultados suele simplificar la complejidad estadística, generando percepciones de “liderazgos consolidados” que no necesariamente son estables.
También existen críticas desde el propio ámbito académico y periodístico. Algunos analistas han señalado que ciertas encuestas —especialmente aquellas vinculadas a élites económicas— no siempre reflejan fielmente la realidad social del país, sino percepciones de grupos específicos de poder. Este cuestionamiento alimenta la idea de una “encuestocracia”, entendida como la influencia excesiva de los sondeos en la construcción de candidaturas.
Sin embargo, es importante introducir un matiz: las encuestas no predicen resultados, sino que capturan fotografías del momento con márgenes de error (usualmente alrededor de ±2.5% a ±3%). En contextos de alta volatilidad como el peruano, donde el voto se decide muchas veces en las últimas semanas, estas mediciones pueden cambiar drásticamente.
En ese sentido, más que asumir una manipulación directa, lo que se observa es una interacción compleja entre medios, opinión pública y actores políticos. Las encuestas pueden amplificar candidaturas emergentes —los llamados “outsiders”—, pero su sostenibilidad depende de factores más profundos: organización partidaria, credibilidad, campaña territorial y contexto político.
La pregunta de fondo no es solo si las encuestadoras “llevan de las narices” al elector, sino cuánto influyen en una ciudadanía que, según los propios datos, mantiene altos niveles de indecisión y desconfianza. En un país donde la volatilidad electoral es la regla, el verdadero poder no está únicamente en quien aparece primero en una encuesta, sino en quién logra convertir esa visibilidad en respaldo real en las urnas.
La evidencia sugiere, por tanto, una conclusión más equilibrada: las encuestas son herramientas útiles pero limitadas. Pueden orientar el debate, pero no reemplazan el juicio crítico del elector ni determinan, por sí solas, el resultado final. Con información de c. Guillermo Balabarca.
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